En los últimos años hemos visto, desde la Argentina, la expansión de distinto tipo de políticas de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos de los ciudadanos. Estas políticas han avanzado de manera sigilosa, sin un alto impacto en la agenda pública y sin que surgieran voces que alertaran sobre los riesgos que ellas acarrean para nuestra privacidad. En parte, ello tiene razones históricas: las nuevas políticas de identificación importan una actualización tecnológicas sobre viejas prácticas aceptadas y no cuestionadas por los ciudadanos. Los avances tecnológicos hacen que esas políticas sean más efectivas, pero a la vez crean nuevos riesgos para los derechos humanos.
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